martes, 4 de diciembre de 2012

El Gobierno no elimina entidades menores que rindan cuentas

El Gobierno no elimina entidades menores que rindan cuentas

 

Las más de 2.300 entidades locales menores existentes en Castilla y León pueden sentirse algo más aliviados, aunque sea durante un tiempo limitado. El último borrador que maneja el Gobierno para reformar la Ley de Bases de Régimen Local y que supone una rectificación al planteado en Consejo de Ministros hace unos meses da cierta vida a esas poblaciones cuyo ámbito territorial es inferior al de un municipio. Algo similar ocurre con las mancomunidades, sobre las que gira la nueva ordenación del territorio prevista por el Gobierno regional y cuyo futuro también estaba entredicho. Ahora la Junta tiene vía libre para aprobar su modelo en el que este nivel intermedio de la administración adquiere una importancia decisiva. En todo caso, y pese al cambio de postura del Ejecutivo, que llegó a dar por fenecidas a ambas, se impondrán una serie de condiciones para sus continuidad futura.
En el caso de las pequeñas poblaciones se verán obligadas a rendir cuentas «ante los organismos correspondientes» que, en el caso de la Comunidad, sería el Consejo de Cuentas. Aunque el texto al que ha tenido acceso ABC no fija de momento el periodo necesario para que realicen este ejercicio de transparencia, lo cierto es que los datos de rendición siempre han sido más que pobres en unas entidades que apenas disponen de medios para poder ofrecer la información requerida. Al respecto, hace unos días Jesús Encabo, el presidente del organismo que fiscaliza todos los niveles administrativos de la región, aseguraba que las entidades locales menores «no mandan las cuentas no por decisión propia sino por incapacidad». En este sentido, las cifras oficiales más actualizadas confirmaban estas palabras al desvelar que sólo 260 de las más de 2.300 poblaciones de este tipo han presentado sus números de 2011. Aunque el borrador no lo deja claro, si el Gobierno aplicara la «tabla rasa» cerca del 90 por ciento de estas localidades se verían abocadas a su inmediata desaparición. Sin embargo, si se tiene en cuenta lo que se prevé en otros apartados de lo que será la futura Ley parece lógico pensar que estas pueblos organizados bajo las denominadas juntas vecinales contarán con un periodo de transición para poder cumplir con lo que se les exige.

Si finalmente se produce la disolución, el borrador prevé que el personal que estuviera al servicio de la entidad desaparecida quede incorporada al Ayuntamiento al que estaba integrado y que éste asumirá «todos sus derechos y obligaciones».
Un año para la evaluación
En cuanto a las mancomunidades, incluidas las que «reorganizará» la Comunidad bajo el apellido de «interés comunitario», también podrán subsistir al menos durante algún tiempo. En concreto, dispondrán de un año desde la entrada en vigor de la nueva norma para superar los controles de evaluación a los que serán sometidos y que incluirán tanto una valoración de los servicios que prestan a los municipios como la de otros aspectos vinculados a la estabilidad presupuestaria. Si se incumplieran estas condiciones, el texto prevé también su eliminación y que sean las diputaciones las que asuman la prestación.
Estos serán algunos de los asuntos que centren la reunión que mantendrán hoy en Madrid el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, con el presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) y alcalde de Santander, Íñigo de la Serna, que había manifestado el malestar de la organización por el anuncio en julio en un Consejo de Ministros de la supresión de las entidades locales menores y de las mancomunidades, ahora matizada.
Aquella intención del Ejecutivo también provocó un amplio rechazo en las entidades locales menores de la Comunidad, especialmente en Burgos y León, donde su número es mucho más elevado. De hecho, la provincia leonesa acapara una de cada tres poblaciones de este tipo que existen en España.
También las distintas diputaciones y los partidos políticos mayoritarios expresaron su posición contraria al a desaparición de las entidades locales menores, que ven como se les abre una pequeña opción de futuro.

domingo, 2 de diciembre de 2012



los pedáneos de Riello van al Senado en defensa de los pueblos

 

El senador leonés Luis Aznar (PP) intentará sensibilizar al Ministerio de Administraciones Públicas sobre el importante papel que juegan las juntas vecinales en la provincia. Después de recibir en la Cámara Alta al alcalde de Riello, Manuel Rodríguez, y a una veintena de pedáneos de la zona preocupados por la posible desaparición de estas entidades locales menores, Aznar se comprometió a mantener una reunión con el portavoz del ministerio, Francisco Granados, para explicarle el valor de las juntas, que, según reconoció, son «poco conocidas fuera de Castilla y León».

Durante la reunión, en la que también participó el vicepresidente segundo del Senado, Juan José Lucas, el regidor le entregó una carta de la nueva Federación Leonesa de Entidades Locales Menores en favor de la continuidad de esta figura administrativa, que hunde sus raíces en la Edad Media y da poder a 1.234 alcaldes pedáneos. Aznar ya ha trasladado esa misiva al Ministerio y ahora concertará la cita con Granados.
El senador considera, no obstante, que hay que esperar a conocer el proyecto de ley del Gobierno sobre el asunto. También recuerda que el grupo del PP en la Cámara Alta «ha ofrecido la posibilidad de escuchar a las juntas vecinales leonesas y tenemos la oficina parlamentaria abierta para ellas».
Las pedanías poseen la mayor parte de los montes de utilidad pública de la provincia, el terreno agroganadero, los cotos de caza, las choperas ribereñas y reciben compensaciones por ceder suelo a explotaciones fotovoltaicas, mineras, estaciones de esquí, residencias de ancianos y palas eólicas.
Su abundante patrimonio se completa con un sinfín de edificios que han defendido con uñas y dientes durante siglos y que dificilmente van a ceder de forma amistosa a los ayuntamientos, como propone el Ejecutivo central.
León es, además, la provincia española que se vería más afectada por la hipotética disolución de las pedanías, ya que posee 1.234 de las 3.723 de todo el país.



La Junta rechazará los acuerdos de los pueblos que no estén firmados

 

La Junta ha decidido ser más estricta con las pedanías de la provincia y rechazará los acuerdos que le remitan sin la firma del secretario del ayuntamiento al que pertenecen o del SAM de la Diputación, como exige la Ley de Régimen Local.
El delegado territorial, Guillermo García, reconoce que hasta ahora se analizaban con mayor permisividad los actos de las juntas vecinales, pero las últimas sentencias del TSJCyL recordando la obligatoriedad de las entidades locales menores de adoptar sus acuerdos estrictamente en presencia del secretario municipal o del Servicio de Asistencia a Municipios para que dén fe, aconseja reforzar la vigilancia legal sobre los documentos.
Según explica, el control sobre la actividad de las pedanías «es importante, porque algunas incluso aprueban presupuestos superiores al de los ayuntamientos en los que se integran». Además, indica que están «exponiendo a todos los presidentes de juntas vecinales y secretarios, a través de la sección de Régimen Local de la delegación, que no vale que un miembro de la pedanía valide los acuerdos y que la Ley indica que debe hacerlo el secretario del Ayuntamiento o el SAM. De modo que los documentos deben llegar certificados con la suficiente garantía. Hay que exigirles rigor».
La nueva Federación Leonesa de Entidades Locales Menores calcula que la ilegalidad por falta de ese sello afecta al 80% de los acuerdos de las pedanías, entre ellos a la aprobación de las ordenanzas del agua, la adjudicación de pastos y suertes de leña, la contratación de obreros y los presupuestos.
Una situación que coloca a muchas de estas entidades al borde del precipicio, ya que el Gobierno ha advertido que desaparecerán todas las que no rindan cuentas o información de forma adecuada, además de las pedanías con déficit reiterado. La Federación remarca que la imposibilidad de las juntas vecinales para validar sus acuerdos deriva de la negativa de muchos secretarios municipales a firmarlos, e insiste en que las pedanías están desamparadas. También lamentan que exista una bolsa de secretarios interinos a la que no se recurre para estos casos.
El delegado no prevé que la Junta vaya a impulsar el servicio de asesoría a pedanías previsto en la disposición sexta de la Ley de Régimen Local, ni que vayan a habilitarse, de momento, más secretarios para dar fe de los actos de las juntas vecinales. Confía en que ayuntamientos y juntas sepan resolver los problemas para compartir al secretario «teniendo en cuenta su horario de trabajo y su salario», puntualiza



jueves, 22 de noviembre de 2012


Las juntas vecinales reclaman más secretarios para poder presentar sus balances al Tribunal de Cuentas

 

 Alertan de que sin ayuda se pone en peligro la pervivencia de las 1.234 pedanías

 

 La Federación Leonesa de Entidades Locales Menores (FLELM) quiere informar que muchas juntas vecinales de León han empezado a recibir cartas del presidente del Consejo de Cuentas de Castilla y León, el ‘popular’ Jesús Encabo Terry, requiriéndolas para que en el plazo de un mes procedan a presentar las cuentas del año 2011.
La FLELM indica que sus asociadas quieren rendir cuentas y cumplir con la legalidad, pero también quiere denunciar que la “mayoría de las juntas vecinales está siendo condenada a un absoluto bloqueo que les impide adoptar acuerdos de forma legal, entre otros acuerdos el de aprobar sus cuentas”. Para cumplir los requisitos que demanda el Tribunal es necesaria la intervención del secretario del ayuntamiento respectivo o de un secretario habilitado del Servicio de Asistencia a Municipios –SAM– de la Diputación, para que los acuerdos de las juntas vecinales sean válidos.
Muchos secretarios municipales –añaden desde la federación– se niegan a intervenir en los acuerdos de las juntas, como impone la Ley de Régimen Local, y la actual plantilla del SAM —con un solo secretario habilitado para toda la provincia, excluida la Comarca de El Bierzo, que tiene otro—, son “absolutamente insuficientes para las 1.234 juntas vecinales de la provincia”.
Así las cosas, “no se puede exigir el cumplimiento de la Ley a las juntas vecinales si el resto de las administraciones no cumplen con la Ley de Régimen Local. El TSJ de Castilla y León ha dictado varias sentencias denunciando la ausencia de desarrollo reglamentario de la Ley de Régimen Local. “Este es un tema absolutamente grave y prioritario y exige la inmediata intervención del Consejero de Presidencia, que ordene la aprobación del reglamento del Servicio de Asistencia a la entidades Locales Menores”, insisten desde la federación de las juntas vecinales de la provincia de León.
No se puede “condenar” a las juntas vecinales a la “ilegalidad absoluta, debiendo clarificarse urgentemente el régimen jurídico de la secretaría de las juntas vecinales”, concluyen.
A pesar del asesoramiento que la federación leonesa está prestando sus asociadas en relación con este tema esencial para la provincia de León, quienes tienen que actuar son: “La Junta de Castilla y León aprobando el reglamento previsto en la disposición adicional sexta de la Ley de Régimen Local de Castilla y León de 1998”,la “Diputación de León, dotando al SAM de los suficientes secretarios habilitados para prestar el servicio a las juntas vecinales” y “los ayuntamientos, ordenando a sus secretarios que certifiquen los acuerdos de las juntas vecinales de su municipio.
“La provincia de León se está jugando la parálisis e ilegalidad de su nivel administrativo más numeroso, sin que las Administraciones actúen, salvo que lo que se pretenda es la extinción de las juntas”, alertan desde la federación leonesa.

lunes, 19 de noviembre de 2012


LA JUNTA VECINAL DE LA ROBLA 
 ORGANIZA UN MAGOSTO (CASTAÑAS ASADAS) GRATUITO, PARA TODOS LOS VECINOS DE LA ROBLA.

DÍA: VIERNES 30 DE NOVIEMBRE

LUGAR: PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN

HORA:  19:00 h. (7 DE LA TARDE)



lunes, 5 de noviembre de 2012


La federación autonómica en defensa de las juntas vecinales prevé constituirse en noviembre.

 

Una vez constituidas varias federaciones en defensa de las entidades menores locales en algunas provincias de la Comunidad, caso de León y Salamanca, donde su creación está en proceso en otros casos, como Burgos o Palencia, la entrada en funcionamiento de la federación autonómica que aglutine a todas ellas podría ser una realidad a lo largo de este mes de noviembre.

Esta nueva federación autonómica se encargará de defender tanto a las entidades locales menores de toda la Comunidad frente a los diferentes organismos, como de la reforma “urgente” de la Ley de Régimen Local, después de que el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL) haya dictaminado que la Junta está “incumpliendo” las obligaciones de esta normativa.
La puesta en marcha de esta iniciativa está “prácticamente cerrada”, aunque aún pendiente de la constitución de la federación de Palencia, previsiblemente el próximo día 10, así como la de Burgos, que se encuentra “algo más retrasada”. En Castilla y León sólo las federaciones de León y Salamanca se encuentran totalmente formalizadas. El resto de provincias podrían irse uniendo a esta federación autonómica una vez que vayan dando sus primeros pasos.
Mientras tanto, la federación leonesa, creada hace aproximadamente un mes y medio con cerca del diez por ciento de las 1.200 juntas vecinales de la provincia, está incrementando el número de adhesiones “en un goteo constante”, aunque todavía son muchas las que quedan por unirse a esta iniciativa, en muchos casos por falta de información. Por ese motivo, se ha enviado un escrito a todas estas entidades para que puedan disponer de los datos necesarios para suscribirse a la federación provincial.
El abogado Carlos González Antón considera “absolutamente necesario” que la provincia de León se homologue al resto para disponer de una organización que represente a las juntas vecinales ante todas las instancias, aunque denunció las “maniobras” de algunos alcaldes y partidos políticos para que las pedanías no se asocien a la federación provincial. Para González Antón, esta recomendación “sólo va en contra de los principios democráticos de que haya administraciones públicas que puedan tener su voz e interlocución”, dijo.
Por ello, la situación que se presenta para estas entidades locales, y que afecta especialmente a una provincia de León, que es la que dispone de mayor número de organismos de este tipo, es “dramática”, porque todo apunta a que aquellas entidades que no se adscriban para hacer un frente común “acabarán desapareciendo”. De ahí que resulte “imperioso” que las juntas vecinales “se modernicen, se actualicen y establezcan unos cauces horizontales de colaboración entre ellas”.
González Antón hizo también un llamamiento a la Junta de Castilla y León para que reciba a los representantes de las juntas vecinales y, al mismo tiempo, se replantee el proceso de ordenación del territorio teniendo en cuenta las alegaciones y el punto de vista expresado por estas entidades locales menores.
Por último, González Antón reclamó que se replantee “de forma urgente y profunda” cuál es el papel que jugarán las juntas vecinales, sobre todo en la provincia de León, especialmente ante el planteamiento de una nueva ordenación territorio en la que “no se tienen en cuenta lo más mínimo ni las competencias ni los servicios que prestan” estas entidades y que “no aparecen mencionadas en los repartos y distribuciones de competencias que está haciendo la ordenación del territorio”, concluyó.

domingo, 28 de octubre de 2012

información proceso juntas vecinales


El patrimonio de las pedanías leonesas podría superar los 3.000 millones.
 
En cotos de caza, las juntas vecinales ingresan unos ocho millones cada año.

“La supresión de las juntas vecinales conllevará la usurpación y el saqueo de los montes comunales de los pueblos de León, cuyo valor estimado está entre 1.536 y 3.072 millones de euros”. Eso es lo que concluye uno de los informes realizados por la Plataforma en Defensa de las Juntas Vecinales de Omaña, que argumenta afirmando que “en la provincia de León hay 970 montes de utilidad pública, de los cuales 904 (93% del total) pertenecen a entidades locales menores (juntas vecinales). De las 549.000 hectáreas que ocupan los montes de utilidad pública en la provincia León, 512.000 hectáreas (93% del total) son montes comunales de entidades locales menores. Si valoramos la hectárea de monte de utilidad pública a un precio medio de 3.000/6.000 euros/hectárea, el valor de los montes de utilidad pública cuya titularidad corresponde a las juntas vecinales de León oscila entre 1.536 y 3.072 millones de euros”. Según la plataforma, la supresión de las juntas vecinales, contemplada en el Anteproyecto de ley para la racionalización y sostenibilidad de la administración local, anunciado en el Consejo de Ministros del pasado 1 de julio de 2012 y reiterado el 27 de septiembre, “conllevará la usurpación y el saqueo de los montes comunales de los pueblos de León”.
Asimismo, desde esta plataforma aseguran que la supresión de las juntas vecinales detraerá de la renta de los pueblos leoneses unos 8 millones de euros anuales que ingresan por arrendamiento de cotos, puesto que “en la provincia de León hay 1.025 cotos privados de caza, de los cuales 491 (48% del total) pertenecen a entidades locales menores (juntas vecinales). De las 1.286.389 hectáreas que ocupan los cotos privados de caza en la provincia León, 595 000 hectáreas (46,25% del total) son cotos de caza de entidades locales menores. Si valoramos la renta media de los cotos de caza en 13,55 euros/hectárea, el valor estimado de la renta anual que perciben los pueblos de León en concepto de arrendamiento de caza asciende a 8.062.250 millones de euros”.
Por otra parte, hoy se celebra en Espacio Vías, a partir de las 11 horas, una jornada sobre las juntas vecinales que organiza la Asociación Cultural Faceira. En ella se incluyen dos conferencias, a cargo de José A. Serrano Álvarez y Carlos González-Antón, respectivamente, y la programación concluye con una interesante mesa redonda, a partir de las 13 horas, en la que intervendrán miembros de diversas pedanías de la provincia de León.



Espacio Vías acogió la jornada sobre las pedanías.
Que fluya la información sobre los cambios legislativos y conseguir que su opinión se tenga en cuenta en otras administraciones son algunas conclusiones de la Jornada sobre las Juntas Vecinales Leonesas celebrada ayer en el Espacio Vías, de León. Y es que el anuncio del ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, de que sólo desaparecerán aquellas entidades locales menores que no cumplan los objetivos de déficit es una lucha «más compleja que evitar su desaparición», indicó ayer el catedrático en Derecho Administrativo y portavoz de la Federación Leonesa de Entidades Locales Menores, Carlos González-Antón.
Las condiciones que deberán cumplir las juntas vecinales serán las mismas que se exijan a otras administraciones, como los municipios, con la exigencia de publicidad a sus presupuestos y presentación de cuentas, así como una auditoría de los servicios prestados, que dejarán de estar en manos de las pedanías si no cumplen con normativa», indicó González-Antón, que ve en «la falta de información y asesoramiento técnico y jurídico las amenazas» para su mantenimiento. Antes este panorama, propone «abandonar viejos hábitos y modernizar» las entidades menores.
«Sin apoyo»
Pedáneos y asistentes a la jornada, insistieron en la falta de apoyo que encuentran en otros escalones de la Administración, desde los Ayuntamientos hasta la Junta de Castilla y León. «Hasta los partidos políticos obstaculizan que tengan voz propia y que se puedan integrar en órganos de debate y participar en el proceso legislativo», señalaron. Como ejemplos, la falta de asistencia de los secretarios municipales a las sesiones y el que la nueva ordenación del territorio en Castilla y León se haya realizado sin contar con las pedanías.