domingo, 16 de diciembre de 2012
martes, 4 de diciembre de 2012
El Gobierno no elimina entidades menores que rindan cuentas
El Gobierno no elimina entidades menores que rindan cuentas
Las
más de 2.300 entidades locales menores existentes en Castilla y León
pueden sentirse algo más aliviados, aunque sea durante un tiempo
limitado. El último borrador que maneja el Gobierno para reformar la Ley
de Bases de Régimen Local y que supone una rectificación al planteado
en Consejo de Ministros hace unos meses da cierta vida a esas
poblaciones cuyo ámbito territorial es inferior al de un municipio. Algo
similar ocurre con las mancomunidades, sobre las que gira la nueva
ordenación del territorio prevista por el Gobierno regional y cuyo
futuro también estaba entredicho. Ahora la Junta tiene vía libre para
aprobar su modelo en el que este nivel intermedio de la administración
adquiere una importancia decisiva. En todo caso, y pese al cambio de
postura del Ejecutivo, que llegó a dar por fenecidas a ambas, se
impondrán una serie de condiciones para sus continuidad futura.
En
el caso de las pequeñas poblaciones se verán obligadas a rendir cuentas
«ante los organismos correspondientes» que, en el caso de la Comunidad,
sería el Consejo de Cuentas. Aunque el texto al que ha tenido acceso
ABC no fija de momento el periodo necesario para que realicen este
ejercicio de transparencia, lo cierto es que los datos de rendición
siempre han sido más que pobres en unas entidades que apenas disponen de
medios para poder ofrecer la información requerida. Al respecto, hace
unos días Jesús Encabo, el presidente del organismo que fiscaliza todos
los niveles administrativos de la región, aseguraba que las entidades
locales menores «no mandan las cuentas no por decisión propia sino por
incapacidad». En este sentido, las cifras oficiales más actualizadas
confirmaban estas palabras al desvelar que sólo 260 de las más de 2.300
poblaciones de este tipo han presentado sus números de 2011. Aunque el
borrador no lo deja claro, si el Gobierno aplicara la «tabla rasa» cerca
del 90 por ciento de estas localidades se verían abocadas a su
inmediata desaparición. Sin embargo, si se tiene en cuenta lo que se
prevé en otros apartados de lo que será la futura Ley parece lógico
pensar que estas pueblos organizados bajo las denominadas juntas
vecinales contarán con un periodo de transición para poder cumplir con
lo que se les exige.
Si finalmente se produce la disolución, el borrador prevé que el personal que estuviera al servicio de la entidad desaparecida quede incorporada al Ayuntamiento al que estaba integrado y que éste asumirá «todos sus derechos y obligaciones».
Un año para la evaluación
En cuanto a las mancomunidades, incluidas las que «reorganizará» la Comunidad bajo el apellido de «interés comunitario», también podrán subsistir al menos durante algún tiempo. En concreto, dispondrán de un año desde la entrada en vigor de la nueva norma para superar los controles de evaluación a los que serán sometidos y que incluirán tanto una valoración de los servicios que prestan a los municipios como la de otros aspectos vinculados a la estabilidad presupuestaria. Si se incumplieran estas condiciones, el texto prevé también su eliminación y que sean las diputaciones las que asuman la prestación.
Estos
serán algunos de los asuntos que centren la reunión que mantendrán hoy
en Madrid el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, con el presidente
de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) y alcalde de
Santander, Íñigo de la Serna, que había manifestado el malestar de la
organización por el anuncio en julio en un Consejo de Ministros de la
supresión de las entidades locales menores y de las mancomunidades,
ahora matizada.
Aquella
intención del Ejecutivo también provocó un amplio rechazo en las
entidades locales menores de la Comunidad, especialmente en Burgos y
León, donde su número es mucho más elevado. De hecho, la provincia
leonesa acapara una de cada tres poblaciones de este tipo que existen en
España.
También
las distintas diputaciones y los partidos políticos mayoritarios
expresaron su posición contraria al a desaparición de las entidades
locales menores, que ven como se les abre una pequeña opción de futuro.
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domingo, 2 de diciembre de 2012
los pedáneos de Riello van al Senado en defensa de los pueblosEl senador leonés Luis Aznar (PP) intentará sensibilizar al Ministerio de Administraciones Públicas sobre el importante papel que juegan las juntas vecinales en la provincia. Después de recibir en la Cámara Alta al alcalde de Riello, Manuel Rodríguez, y a una veintena de pedáneos de la zona preocupados por la posible desaparición de estas entidades locales menores, Aznar se comprometió a mantener una reunión con el portavoz del ministerio, Francisco Granados, para explicarle el valor de las juntas, que, según reconoció, son «poco conocidas fuera de Castilla y León».
Durante
la reunión, en la que también participó el vicepresidente segundo del
Senado, Juan José Lucas, el regidor le entregó una carta de la nueva
Federación Leonesa de Entidades Locales Menores en favor de la
continuidad de esta figura administrativa, que hunde sus raíces en la
Edad Media y da poder a 1.234 alcaldes pedáneos. Aznar ya ha trasladado
esa misiva al Ministerio y ahora concertará la cita con Granados.
El
senador considera, no obstante, que hay que esperar a conocer el
proyecto de ley del Gobierno sobre el asunto. También recuerda que el
grupo del PP en la Cámara Alta «ha ofrecido la posibilidad de escuchar a
las juntas vecinales leonesas y tenemos la oficina parlamentaria
abierta para ellas».
Las
pedanías poseen la mayor parte de los montes de utilidad pública de la
provincia, el terreno agroganadero, los cotos de caza, las choperas
ribereñas y reciben compensaciones por ceder suelo a explotaciones
fotovoltaicas, mineras, estaciones de esquí, residencias de ancianos y
palas eólicas.
Su
abundante patrimonio se completa con un sinfín de edificios que han
defendido con uñas y dientes durante siglos y que dificilmente van a
ceder de forma amistosa a los ayuntamientos, como propone el Ejecutivo
central.
León
es, además, la provincia española que se vería más afectada por la
hipotética disolución de las pedanías, ya que posee 1.234 de las 3.723
de todo el país.
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La Junta rechazará los acuerdos de los pueblos que no estén firmados
La
Junta ha decidido ser más estricta con las pedanías de la provincia y
rechazará los acuerdos que le remitan sin la firma del secretario del
ayuntamiento al que pertenecen o del SAM de la Diputación, como exige la
Ley de Régimen Local.
El
delegado territorial, Guillermo García, reconoce que hasta ahora se
analizaban con mayor permisividad los actos de las juntas vecinales,
pero las últimas sentencias del TSJCyL recordando la obligatoriedad de
las entidades locales menores de adoptar sus acuerdos estrictamente en
presencia del secretario municipal o del Servicio de Asistencia a
Municipios para que dén fe, aconseja reforzar la vigilancia legal sobre
los documentos.
Según
explica, el control sobre la actividad de las pedanías «es importante,
porque algunas incluso aprueban presupuestos superiores al de los
ayuntamientos en los que se integran». Además, indica que están
«exponiendo a todos los presidentes de juntas vecinales y secretarios, a
través de la sección de Régimen Local de la delegación, que no vale que
un miembro de la pedanía valide los acuerdos y que la Ley indica que
debe hacerlo el secretario del Ayuntamiento o el SAM. De modo que los
documentos deben llegar certificados con la suficiente garantía. Hay que
exigirles rigor».
La
nueva Federación Leonesa de Entidades Locales Menores calcula que la
ilegalidad por falta de ese sello afecta al 80% de los acuerdos de las
pedanías, entre ellos a la aprobación de las ordenanzas del agua, la
adjudicación de pastos y suertes de leña, la contratación de obreros y
los presupuestos.
Una
situación que coloca a muchas de estas entidades al borde del
precipicio, ya que el Gobierno ha advertido que desaparecerán todas las
que no rindan cuentas o información de forma adecuada, además de las
pedanías con déficit reiterado. La Federación remarca que la
imposibilidad de las juntas vecinales para validar sus acuerdos deriva
de la negativa de muchos secretarios municipales a firmarlos, e insiste
en que las pedanías están desamparadas. También lamentan que exista una
bolsa de secretarios interinos a la que no se recurre para estos casos.
El
delegado no prevé que la Junta vaya a impulsar el servicio de asesoría a
pedanías previsto en la disposición sexta de la Ley de Régimen Local,
ni que vayan a habilitarse, de momento, más secretarios para dar fe de
los actos de las juntas vecinales. Confía en que ayuntamientos y juntas
sepan resolver los problemas para compartir al secretario «teniendo en
cuenta su horario de trabajo y su salario», puntualiza
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lunes, 26 de noviembre de 2012
MAGOSTO JUNTA VECINAL
http://www.lacronicadeleon.es/2012/11/26/leon/la-junta-vecinal-repartira-100-kilos-de-castanas-en-el-magosto-167709.htm
En la noticia hay un error en el último párrafo, el año pasado fueron 70 Kg. lo que se repartió.
En la noticia hay un error en el último párrafo, el año pasado fueron 70 Kg. lo que se repartió.
jueves, 22 de noviembre de 2012
Las juntas vecinales reclaman más secretarios para poder presentar sus balances al Tribunal de CuentasAlertan de que sin ayuda se pone en peligro la pervivencia de las 1.234 pedanías
La Federación Leonesa de Entidades Locales Menores (FLELM) quiere
informar que muchas juntas vecinales de León han empezado a recibir
cartas del presidente del Consejo de Cuentas de Castilla y León, el
‘popular’ Jesús Encabo Terry, requiriéndolas para que en el plazo de un
mes procedan a presentar las cuentas del año 2011.
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lunes, 19 de noviembre de 2012
lunes, 5 de noviembre de 2012
La federación autonómica en defensa de las juntas vecinales prevé constituirse en noviembre.Una vez constituidas varias federaciones en defensa de las entidades menores locales en algunas provincias de la Comunidad, caso de León y Salamanca, donde su creación está en proceso en otros casos, como Burgos o Palencia, la entrada en funcionamiento de la federación autonómica que aglutine a todas ellas podría ser una realidad a lo largo de este mes de noviembre.
Esta
nueva federación autonómica se encargará de defender tanto a las
entidades locales menores de toda la Comunidad frente a los diferentes
organismos, como de la reforma “urgente” de la Ley de Régimen Local,
después de que el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León
(TSJCyL) haya dictaminado que la Junta está “incumpliendo” las
obligaciones de esta normativa.
La
puesta en marcha de esta iniciativa está “prácticamente cerrada”,
aunque aún pendiente de la constitución de la federación de Palencia,
previsiblemente el próximo día 10, así como la de Burgos, que se
encuentra “algo más retrasada”. En Castilla y León sólo las federaciones
de León y Salamanca se encuentran totalmente formalizadas. El resto de
provincias podrían irse uniendo a esta federación autonómica una vez que
vayan dando sus primeros pasos.
Mientras
tanto, la federación leonesa, creada hace aproximadamente un mes y
medio con cerca del diez por ciento de las 1.200 juntas vecinales de la
provincia, está incrementando el número de adhesiones “en un goteo
constante”, aunque todavía son muchas las que quedan por unirse a esta
iniciativa, en muchos casos por falta de información. Por ese motivo, se
ha enviado un escrito a todas estas entidades para que puedan disponer
de los datos necesarios para suscribirse a la federación provincial.
El
abogado Carlos González Antón considera “absolutamente necesario” que
la provincia de León se homologue al resto para disponer de una
organización que represente a las juntas vecinales ante todas las
instancias, aunque denunció las “maniobras” de algunos alcaldes y
partidos políticos para que las pedanías no se asocien a la federación
provincial. Para González Antón, esta recomendación “sólo va en contra
de los principios democráticos de que haya administraciones públicas que
puedan tener su voz e interlocución”, dijo.
Por
ello, la situación que se presenta para estas entidades locales, y que
afecta especialmente a una provincia de León, que es la que dispone de
mayor número de organismos de este tipo, es “dramática”, porque todo
apunta a que aquellas entidades que no se adscriban para hacer un frente
común “acabarán desapareciendo”. De ahí que resulte “imperioso” que las
juntas vecinales “se modernicen, se actualicen y establezcan unos
cauces horizontales de colaboración entre ellas”.
González
Antón hizo también un llamamiento a la Junta de Castilla y León para
que reciba a los representantes de las juntas vecinales y, al mismo
tiempo, se replantee el proceso de ordenación del territorio teniendo en
cuenta las alegaciones y el punto de vista expresado por estas
entidades locales menores.
Por
último, González Antón reclamó que se replantee “de forma urgente y
profunda” cuál es el papel que jugarán las juntas vecinales, sobre todo
en la provincia de León, especialmente ante el planteamiento de una
nueva ordenación territorio en la que “no se tienen en cuenta lo más
mínimo ni las competencias ni los servicios que prestan” estas entidades
y que “no aparecen mencionadas en los repartos y distribuciones de
competencias que está haciendo la ordenación del territorio”, concluyó.
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domingo, 28 de octubre de 2012
información proceso juntas vecinales
El patrimonio de las pedanías leonesas
podría superar los 3.000 millones.
En cotos de caza, las juntas vecinales ingresan unos ocho millones cada
año.
“La supresión de las juntas vecinales conllevará la usurpación y el
saqueo de los montes comunales de los pueblos de León, cuyo valor estimado está
entre 1.536 y 3.072 millones de euros”. Eso es lo que concluye uno de los
informes realizados por la Plataforma en Defensa de las Juntas Vecinales de
Omaña, que argumenta afirmando que “en la provincia de León hay 970 montes de
utilidad pública, de los cuales 904 (93% del total) pertenecen a entidades
locales menores (juntas vecinales). De las 549.000 hectáreas que ocupan los
montes de utilidad pública en la provincia León, 512.000 hectáreas (93% del
total) son montes comunales de entidades locales menores. Si valoramos la
hectárea de monte de utilidad pública a un precio medio de 3.000/6.000
euros/hectárea, el valor de los montes de utilidad pública cuya titularidad
corresponde a las juntas vecinales de León oscila entre 1.536 y 3.072 millones
de euros”. Según la plataforma, la supresión de las juntas vecinales,
contemplada en el Anteproyecto de ley para la racionalización y sostenibilidad
de la administración local, anunciado en el Consejo de Ministros del pasado 1 de
julio de 2012 y reiterado el 27 de septiembre, “conllevará la usurpación y el
saqueo de los montes comunales de los pueblos de León”.
Asimismo, desde esta plataforma aseguran que la supresión de
las juntas vecinales detraerá de la renta de los pueblos leoneses unos 8
millones de euros anuales que ingresan por arrendamiento de cotos, puesto que
“en la provincia de León hay 1.025 cotos privados de caza, de los cuales 491
(48% del total) pertenecen a entidades locales menores (juntas vecinales). De
las 1.286.389 hectáreas que ocupan los cotos privados de caza en la provincia
León, 595 000 hectáreas (46,25% del total) son cotos de caza de entidades
locales menores. Si valoramos la renta media de los cotos de caza en 13,55
euros/hectárea, el valor estimado de la renta anual que perciben los pueblos de
León en concepto de arrendamiento de caza asciende a 8.062.250 millones de
euros”.
Por otra parte, hoy se celebra en Espacio Vías, a partir de las 11 horas, una jornada sobre las juntas vecinales que organiza la Asociación Cultural Faceira. En ella se incluyen dos conferencias, a cargo de José A. Serrano Álvarez y Carlos González-Antón, respectivamente, y la programación concluye con una interesante mesa redonda, a partir de las 13 horas, en la que intervendrán miembros de diversas pedanías de la provincia de León.
Por otra parte, hoy se celebra en Espacio Vías, a partir de las 11 horas, una jornada sobre las juntas vecinales que organiza la Asociación Cultural Faceira. En ella se incluyen dos conferencias, a cargo de José A. Serrano Álvarez y Carlos González-Antón, respectivamente, y la programación concluye con una interesante mesa redonda, a partir de las 13 horas, en la que intervendrán miembros de diversas pedanías de la provincia de León.
La falta de
asesoramiento amenaza la continuidad de las juntas vecinales
( Diario
de León - 28/10/2012 )
Que fluya la
información sobre los cambios legislativos y conseguir que su opinión se tenga
en cuenta en otras administraciones son algunas conclusiones de la Jornada sobre
las Juntas Vecinales Leonesas celebrada ayer en el Espacio Vías, de León. Y es
que el anuncio del ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, de que sólo
desaparecerán aquellas entidades locales menores que no cumplan los objetivos
de déficit es una lucha «más compleja que evitar su desaparición», indicó ayer
el catedrático en Derecho Administrativo y portavoz de la Federación Leonesa de
Entidades Locales Menores, Carlos González-Antón.
Las condiciones que deberán cumplir las juntas
vecinales serán las mismas que se exijan a otras administraciones, como los
municipios, con la exigencia de publicidad a sus presupuestos y presentación de
cuentas, así como una auditoría de los servicios prestados, que dejarán de
estar en manos de las pedanías si no cumplen con normativa», indicó
González-Antón, que ve en «la falta de información y asesoramiento técnico y
jurídico las amenazas» para su mantenimiento. Antes este panorama, propone
«abandonar viejos hábitos y modernizar» las entidades menores.
«Sin apoyo»
Pedáneos y asistentes a la jornada, insistieron en la falta de
apoyo que encuentran en otros escalones de la Administración, desde los
Ayuntamientos hasta la Junta de Castilla y León. «Hasta los partidos políticos
obstaculizan que tengan voz propia y que se puedan integrar en órganos de
debate y participar en el proceso legislativo», señalaron. Como ejemplos, la falta de asistencia de los secretarios
municipales a las sesiones y el que la nueva ordenación del territorio en
Castilla y León se haya realizado sin contar con las pedanías.
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