los pedáneos de Riello van al Senado en defensa de los pueblos   El senador leonés Luis Aznar (PP) intentará sensibilizar al Ministerio de Administraciones Públicas sobre el importante papel que juegan las juntas vecinales en la provincia. Después de recibir en la Cámara Alta al alcalde de Riello, Manuel Rodríguez, y a una veintena de pedáneos de la zona preocupados por la posible desaparición de estas entidades locales menores, Aznar se comprometió a mantener una reunión con el portavoz del ministerio, Francisco Granados, para explicarle el valor de las juntas, que, según reconoció, son «poco conocidas fuera de Castilla y León». Durante la reunión, en la que también participó el vicepresidente segundo del Senado, Juan José Lucas, el regidor le entregó una carta de la nueva Federación Leonesa de Entidades Locales Menores en favor de la continuidad de esta figura administrativa, que hunde sus raíces en la Edad Media y da poder a 1.234 alcaldes pedáneos. Aznar ya ha trasladado esa misiva al Ministerio y ahora concertará la cita con Granados. El senador considera, no obstante, que hay que esperar a conocer el proyecto de ley del Gobierno sobre el asunto. También recuerda que el grupo del PP en la Cámara Alta «ha ofrecido la posibilidad de escuchar a las juntas vecinales leonesas y tenemos la oficina parlamentaria abierta para ellas». Las pedanías poseen la mayor parte de los montes de utilidad pública de la provincia, el terreno agroganadero, los cotos de caza, las choperas ribereñas y reciben compensaciones por ceder suelo a explotaciones fotovoltaicas, mineras, estaciones de esquí, residencias de ancianos y palas eólicas. Su abundante patrimonio se completa con un sinfín de edificios que han defendido con uñas y dientes durante siglos y que dificilmente van a ceder de forma amistosa a los ayuntamientos, como propone el Ejecutivo central. León es, además, la provincia española que se vería más afectada por la hipotética disolución de las pedanías, ya que posee 1.234 de las 3.723 de todo el país.

La Junta rechazará los acuerdos de los pueblos que no estén firmados   La Junta ha decidido ser más estricta con las pedanías de la provincia y rechazará los acuerdos que le remitan sin la firma del secretario del ayuntamiento al que pertenecen o del SAM de la Diputación, como exige la Ley de Régimen Local. El delegado territorial, Guillermo García, reconoce que hasta ahora se analizaban con mayor permisividad los actos de las juntas vecinales, pero las últimas sentencias del TSJCyL recordando la obligatoriedad de las entidades locales menores de adoptar sus acuerdos estrictamente en presencia del secretario municipal o del Servicio de Asistencia a Municipios para que dén fe, aconseja reforzar la vigilancia legal sobre los documentos. Según explica, el control sobre la actividad de las pedanías «es importante, porque algunas incluso aprueban presupuestos superiores al de los ayuntamientos en los que se integran». Además, indica que están «exponiendo a todos los presidentes de juntas vecinales y secretarios, a través de la sección de Régimen Local de la delegación, que no vale que un miembro de la pedanía valide los acuerdos y que la Ley indica que debe hacerlo el secretario del Ayuntamiento o el SAM. De modo que los documentos deben llegar certificados con la suficiente garantía. Hay que exigirles rigor». La nueva Federación Leonesa de Entidades Locales Menores calcula que la ilegalidad por falta de ese sello afecta al 80% de los acuerdos de las pedanías, entre ellos a la aprobación de las ordenanzas del agua, la adjudicación de pastos y suertes de leña, la contratación de obreros y los presupuestos. Una situación que coloca a muchas de estas entidades al borde del precipicio, ya que el Gobierno ha advertido que desaparecerán todas las que no rindan cuentas o información de forma adecuada, además de las pedanías con déficit reiterado. La Federación remarca que la imposibilidad de las juntas vecinales para validar sus acuerdos deriva de la negativa de muchos secretarios municipales a firmarlos, e insiste en que las pedanías están desamparadas. También lamentan que exista una bolsa de secretarios interinos a la que no se recurre para estos casos. El delegado no prevé que la Junta vaya a impulsar el servicio de asesoría a pedanías previsto en la disposición sexta de la Ley de Régimen Local, ni que vayan a habilitarse, de momento, más secretarios para dar fe de los actos de las juntas vecinales. Confía en que ayuntamientos y juntas sepan resolver los problemas para compartir al secretario «teniendo en cuenta su horario de trabajo y su salario», puntualiza