mas de los concejos

a reforma de la Ley de Bases de Régimen Local eliminará la autonomía y la gestión de su patrimonio a más de 3.000 Juntas Vecinales (DIAGONAL) Endika Valbuena “Para poder apropiarse del territorio y del espacio común, también de los recursos, lo que hace [el Gobierno] es acabar con la forma política que se lo impide, en este caso el concejo, y en sentido más amplio con la democracia”, explica Jesús Manuel Albarrán, portavoz de la Plataforma en Defensa de los Concejos de la Comarca de Omaña, en León. Albarrán se refiere al anteproyecto de la ley de Racionalización y Soste­ni­bi­lidad de la Administración Local, aprobado por el Gobierno del PP el 15 de febrero y que se encuentra ahora pendiente del informe del Consejo de Estado para su aprobación final. El anteproyecto pretende suprimir la personalidad jurídica de más de 3.750 entidades locales menores (que reciben el nombre de juntas vecinales, concejos, barrios, parroquias o pedanías) pueblos que cuentan con recursos propios y potestad para administrarlos y ejercen democracia directa sobre estos recursos. De este modo, quedarían agrupados en los ayuntamientos de los que dependen y la gestión de sus bienes pasaría a ser administrada por esos ayuntamientos, diputaciones y Comunidades autónomas. Expolio de recursos “Es lo mismo que le ocurre a una comunidad indígena en el Perú cuando le expropian sus tierras para que entre una multinacional canadiense a quedarse con sus recursos. Nos sentimos solidarios con ellos, es lo mismo que quiere el Gobierno con la nueva ley”, explica Albarrán. En la actualidad, los recursos naturales de los concejos “son propiedad, por igual, de sus vecinos y vecinas y son ellos y ellas las que los gestionan y deciden cómo administrarlos. No existe democracia más pura que la de los concejos. Los bienes comunales son anteriores al Estado moderno, al Estado representativo. Estamos defendiendo la asamblea de vecinos y vecinas. Como ellos y ellas tienen la última palabra sobre su patrimonio, son el obstáculo para que el Gobierno pueda acceder a la gestión, o la apropiación de ese patrimonio. Con la nueva ley se podrá privatizar la gestión del agua, de los montes, de la caza... Ellos tienen su plan”, subraya Albarrán. Omaña cuenta con 75 juntas vecinales repartidas en cuatro ayunta­mien­tos y sólo el municipio de Riello cuenta con 39, “es el que más juntas vecinales tiene de todo el Estado español, y es probable que de toda Europa”, afirma el portavoz de la comarca de Omaña y señala que son “pueblos pequeños en las montañas y valles con entre 30 y 50 vecinos censados, que en invierno pueden tener cuatro o cinco casas abiertas”. Jesús Manuel Albarrán participó el 5 y el 6 de abril en el encuentro estatal por la Autonomía de Nuestros Pueblos, donde se plantearon acciones informativas y de lucha contra “este golpe mortal al mundo rural”, como lo calificaron los representantes de más de medio centenar de comarcas. En el Estado español existen 3.720 juntas vecinales que desaparecerán si el anteproyecto de la ley de Racionalización y Sostenibi­lidad de la Adminis­tra­ción Local sale adelante. Castilla y León, con 2.257 juntas vecinales, será la comunidad autónoma más afectada por la supresión de estos pequeños pueblos, que perderán su autonomía y la gestión de un patrimonio de cientos de hectáreas de montes de gran riqueza ambiental y económica. Le sigue Cantabria con 534 concejos, Navarra (348), País Vasco (340), Cataluña (63), Andalucía (48) y Castilla-La Mancha (42), y el resto de comunidades con entre siete y un concejo. Desobediencia civil “Es necesario desobedecer a este Gobierno, que quiere quedarse con nuestros recursos y eliminar la autonomía de nuestros pueblos”, señala Jerónimo Aguado, campesino deAmayuelas, Palencia, y portavoz de la Plataforma Rural. Aguado coincide con el resto de asistentes a las jornadas en la necesidad de llevar a cabo actos informativos en los pueblos y movilizarse contra esta ley. Los representantes vecinales acordaron también acudir a los tribunales por la vía penal para denunciar esta norma, ya que la Constitución en su artículo 140 dice que se “garantiza la autonomía de los municipios. Estos gozarán de personalidad jurídica plena (...)”. Por otra parte, Antonio Aguado de El Provencio, en Cuenca, agricultor ecológico de la comarca de La Mancha, señala que aunque Castilla-La Mancha cuenta con menos pedanías, 42, “ya se está aplicando el expolio de nuestros bienes comunales: los montes públicos. Somos el laboratorio del Estado, sufrimos a [María Dolores de] Cospedal. En los presupuestos de 2013 ya han incluido los 45 millones que pretenden ganar este año con la venta de los montes, sin que, ni siquiera, entre en vigor esta reforma de la ley de entidades locales”, apunta. Un secretario de Ayuntami­ento de un municipio de Segovia presente en las jornadas va más allá: “¿Qué pasará con los municipios de menos de 5.000 habitantes, que son la mayoría? El objetivo del PP es suprimir los ayuntamien­tos, y como se lo impide la Constitución, los van a vaciar de competencias. Quieren quedarse con los servicios públicos: gestión del agua, alcantarillado, vías públicas y alumbrado que gestionarán las diputaciones a través empresas privadas. Adiós a la autonomía local. Negocio con lo público”, concluye.              El pasado 1 de Marzo de 2013 se publicaba en el Boletín Oficial de la Provincia de León la convocatoria y Bases reguladoras para la concesión de subvenciones a Juntas Vecinales para el año 2013, teniendo por objeto, según la citada información pública, coadyuvar con las Juntas Vecinales en la financiación de pequeñas obras de competencia local, especificándose que esta ayuda seguiría el procedimiento para su concesión en régimen de concurrencia competitiva.  A la vista de la información publicada ayer por el Diario de León en la que se reconoce abiertamente que el reparto de dichas subvenciones se va a llevar a cabo de forma pactada entre los tres partidos políticos con representación en la Diputación de León, en función del número de representantes del Partido Popular, Partido Socialista y Unión del Pueblo Leonés (60%, 30% y 10%), desde la Federación Leonesa de Entidades Locales Menores se entiende que, con independencia del frontal abandono del procedimiento de concurrencia competitiva al que se ha de ajustar esta selección, este reparto absolutamente arbitrario pone de manifiesto una patente falta de respeto por los principios que deben regir el funcionamiento de las Administraciones públicas, lo que resulta más grave aún al afectar a los Entes Locales Menores, que es el nivel administrativo que con más frecuencia está presidido por personas independientes, sin una adscripción política determinada, tratándose precisamente de una de las principales señas de identidad de estas Administraciones públicas, que pueden funcionar, además, en régimen de concejo abierto, es decir, sin intervención de partido político alguno. Estamos ante una manifestación más de la poca sensibilidad que hay con las Juntas Vecinales, pues esta caprichosa concesión de ayudas (habitual, por otro lado) no obedece a unos criterios objetivos, pero tampoco de representatividad real de las Juntas Vecinales de la Provincia de León; pues, además de arbitrario, es absolutamente discriminatorio al dejar fuera todas las Juntas Vecinales no adscritas a uno de estos partidos políticos. La Federación Leonesa de ELM rechaza por ilegal y clientelar esta forma de repartir subvenciones, manifestación de una forma de hacer política que debería haberse abandonado hace tiempo. La Federación se personará en el procedimiento de concesión de las subvenciones, al efecto de comprobar y exigir la legalidad de las decisiones adoptadas. Por otro lado, la Diputación de León no debería justificarse en la incertidumbre del futuro de las Juntas Vecinales para limitar el apoyo a las mismas, al contrario, es el momento en el que debería ser más proactiva con estas Administraciones locales. Teniendo en cuenta, además que dicha incertidumbre precisamente es responsabilidad de los partidos políticos que tienen en su mano algunas de las herramientas necesarias para garantizar la pervivencia de estas seculares modalidades de gobierno.