La Federación Leonesa de Entidades Locales Menores,
ante la premura de los plazos para la presentación de los acuerdos de
aprobación de cuentas de ejercicio pasado y de la aprobación de
presupuestos, manifiesta:
- Que la Diputación de León, como Gobierno de la provincia de España que tiene más ELM debería requerir a la Junta de Castilla y León para que aprobase el reglamento del servicio de asistencia a las ELM, algo exigido por la Ley de Régimen Local de Castilla y León y requerido por el TSJ de Castilla y León. Debería aprobarse con la máxima urgencia el reglamento autonómico de asistencia de las Entidades Locales Menores, y reformar los reglamentos de los SAM provinciales, para regular la asistencia a las Juntas Vecinales y concejos. El Reglamento del SAM de León debería regular el principal problema actual de las Juntas Vecinales, que es la legalidad de sus acuerdos y saber de antemano qué funcionario-secretario debe intervenir en sus acuerdos.
- Que el SAM de la Diputación de León debería reforzar el número de funcionarios de habilitación estatal, actualmente existe un solo funcionario, para poder cumplir con las obligaciones de prestación de los servicios de secretaría a las ELM que prevé la Ley de Régimen Local de Castilla y León.
- Que las ELM de León tienen una gran preocupación por el hecho de que se les puedan rechazar o anular los presupuestos y cuentas tramitados por el SAM, al no ser aprobados con la intervención de Secretario funcionario con habilitación estatal.
- Que muchas de las ELM de León están preocupados por los plazos de tramitación en el SAM de su documentación, ante la avalancha de presentaciones motivadas por la reformas legislativas.
La
Federación Leonesa reitera la necesidad de que se reúna la Diputación
de León con la Federación, a los efectos de coordinar las actuaciones no
sólo administrativas, y que la Diputación se posicione de forma clara
en los procedimientos legislativos en marcha.
3.500 pedanías rurales desaparecerán con la reforma de los AyuntamientosNACHO GÓMEZ (EL PAÍS)
Nogarejas es un pueblo de la comarca de La Valdería,
perteneciente al municipio de Castrocontrigo, en León. Una junta
vecinal gestiona allí los servicios para sus 260 habitantes, la mayoría
jubilados. Con un presupuesto anual de medio millón de euros —que
consiguen con lo que rinden sus 3.000 hectáreas de monte— pagan el
alumbrado público, el consultorio médico, la gestión del tanatorio, la
limpieza de los jardines, el abastecimiento de agua, la máquina
quitanieves y hasta se han hecho cargo de la restauración de la iglesia,
del siglo XII. Sus cuentas las lleva una gestoría porque, según el
alcalde pedáneo, Olivio Campo, el secretario municipal del que dependen
(en un Ayuntamiento de 895 habitantes) no tiene tiempo para atender a
las seis parroquias de la zona.
Como
Nogarejas hay en Castilla y León 2.227 entidades locales menores, el
60% de las 3.720 que funcionan en España. El Gobierno asegura que el 96%
de estas unidades administrativas que en muchos casos tienen origen
medieval no presenta sus cuentas en
ninguna parte, lo que anticipa un coladero de irregularidades y un foco
de corruptelas. Por eso les ha planteado un ultimátum: si la reforma de
la administración local entra en vigor tal y como está redactada, unas
3.500 desaparecerán automáticamente a menos que presenten sus balances
en el plazo de tres meses. “Es de lo más razonable obligar a todas las
administraciones a que expliquen en qué se gastan el dinero”,
reflexionan en el Ministerio de Hacienda. Hasta ahí todo claro. El
pequeño matiz es que, en el caso de Castilla y León, la comunidad con
más pedanías, la ley de Régimen Local que las regula desde 1998 no
desarrolla la obligatoriedad de que los secretarios municipales lleven
el control sobre sus presupuestos y remitan esa información al
Ministerio.
Ahora
que quieren ponerse las pilas con la cuenta atrás que ha lanzado el
Gobierno, muchas de ellas están encontrándose con que los interventores
locales se desentienden del asunto y las Diputaciones no tienen personal
para gestionar miles de liquidaciones, lo que las aboca a desaparecer.
“Es un genocidio administrativo”, reflexiona Carlos González-Antón, catedrático de Derecho y miembro de la Federación Leonesa de Entidades Locales Menores.
“Que las sancionen si no cumplen, pero no pueden eliminarlas. Son
organizaciones con más de diez siglos detrás, que defienden el carácter
colectivista y la democracia participativa. Que el Estado no tenga datos
de las entidades locales menores no quiere decir que éstas no rindan
cuentas a sus vecinos”. En muchos casos los alcaldes pedáneos apenas
tienen formación. En otros gestionan barrios o parroquias con menos de
20 vecinos o presupuestos de pocos miles de euros.
Mónica Villacorta, la alcaldesa pedánea de Tarilonte de la Peña, un núcleo rural en Palencia,
está igual de desesperada que el de Nogarejas. Su pueblo tiene 41
habitantes, muchos ancianos, y el hospital más cercano está a 120
kilómetros. “La Junta no se ha preocupado nunca de nosotros, no cobramos
un duro por lo que hacemos, lo que les interesa es controlar los
recursos naturales”. Esa parece ser la verdadera razón de esta
revolución rural. Las entidades locales, muchas veces esquivas con el
poder —sus representantes se eligen entre los vecinos con listas
abiertas, y a menudo están adscritos a los partidos de manera
simbólica—, tienen un inmenso patrimonio forestal. “Sólo los Montes de
utilidad pública en manos de las entidades suponen un tercio de la
superficie de la provincia [de León], alcanzando el 40% si se suman los
montes de libre disposición, también de su titularidad”, señala
González-Antón, que ha estudiado a fondo las particularidades de las
pedanías. “Muchos alcaldes se frotan las manos con esta reforma porque
pueden perder de vista un foco de contrapoder poco sumiso con la
dictadura de un partido político”.
En
Asturias el 46% de los montes es administrado por alguna de las 39
entidades locales menores de la región que atienden a una población de
12.000 habitantes. Su presupuesto el año pasado fue de 7,6 millones.
“Aquí, gracias a un acuerdo con el Principado, llevamos 16 años
presentando cuentas, no tenemos el problema de Castilla y León”. José
Manuel García del Valle, de la federación de parroquias rurales
asturiana, insiste en que “el dinero público hay que controlarlo al
máximo”, pero sospecha que ese “no es el motivo último de esta reforma”.
No se le escapa, igual que a otros pedáneos, que el Gobierno de
Castilla-La Mancha pretende ingresar este año 45,6 millones de euros por
la venta de fincas públicas. Porque el argumento de la deuda no parece
muy sólido. Desde la federación andaluza Antonio Martín asegura que,
entre las 3.720 entidades locales menores no tienen “ni un millón de
euros”, en números rojos, porque apenas tienen margen para endeudarse.
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